En enero de este año, Revista Proceso dio a conocer en su artículo ’El mapa del huachicoleo’ que un documento interno de Pemex y de la Policía Federal (PF), Mercado ilícito de combustibles, da cuenta de nueve células delictivas que operan(ban) para los cárteles en la extracción de hidrocarburos: Los Téllez, El Bukanas, El Rapid-Inn, Los Talachas, La Parka, Santa Rosa de Lima, Melchor Ocampo y Los Bárcenas, estos últimos, ligados al presidente municipal de Tepetitlán Rodrigo Castillo Martínez, según afirmaron.
Unos días después, Acción Nacional (PAN) salió a defender al alcalde, del que aseguraron, no es responsable de tales señalamientos. Argumentaron que no existía el documento, no había número de expediente y que este no tenía relación alguna con Los Bárcenas, entre otras cosas.
La información del documento sin embargo, ya había sido dada a conocer días antes de que Proceso la publicara por el diario La Jornada en el artículo ’Identifica la PF a seis grupos que ordeñan ductos de Pemex’, uno de los expedientes citados es el FED/HGO/TULA/0000832/2017 y a decir de pobladores entrevistados de la región, la relación del actual alcalde con Bárcenas efectivamente existe.
La versión de los pobladores sobre los nexos panistas
Realizando una investigación sobre lo publicado, pobladores que quisieron omitir su nombre por temor a represalias hicieron una serie de afirmaciones sobre las redes de huachicoleo que embarrarían tanto a presuntos delincuentes como a destacados políticos panistas de la región y de las que ellos aseguran, son ciertas -aunque en pocos casos se pudieron comprobar sus dichos-.
Aquí un extracto:
“La relación del alcalde (Rodrigo Castillo) con los Bárcenas se debe en primera instancia por pertenecer a la misma comunidad (Sayula). En Tezontepec, Tepetitlán y Tlaxcoapan está más fuerte el huachicol, incluso en Atitalaquia, aunque los enfrentamientos más fuertes se dan en Binola”.
Tepetitlán, Tlaxcoapan y Atitalaquia tienen gobiernos panistas. En el caso de Tezontepec de Aldama, su expresidente municipal y también expresidente estatal del PAN es el actual diputado plurinominal Asael Hernández Cerón.
En Tlaxcoapan el alcalde Jovani León también cuenta con la sombra del huachicoleo luego de que patrullas fueran captadas por cámaras transportando bidones, además de revelarse en El Universal que también hubo patrullas y grúas que transportaban dicho combustible ilegal.
“Desde la campaña el presidente hizo equipo con “Los Bárcenas” y ellos cuidaban en las noches que no le tiraran los famosos volantes; de ahí los ha venido protegiendo de operativos estatales hasta que llegó un federal y les decomisó propiedades, hidrocarburo y carros. Asael es padrino político de Castillo Martínez, desde antes de la campaña echaron a andar su asociación de Moreno Valle (El Maquío “UNCI”); desde esta bajaban cemento y por eso ganó, porque regaló mucho material para casas”, dijeron.
Agregaron que “actualmente Asael les baja el recurso y su constructora lo realiza a través de su compadre Carlos Barush; todo lo que es pavimentación y la construcción de la presidencia lo traen ellos”.
Carlos Barush Contreras Ledezma fue director de Obras Públicas de Asael y su delfín por Tezontepec, municipio que perdiera a manos de Pedro Porras. En Tlaxcoapan los pobladores evidenciaron al constructor por una obra que aún no se terminaba y ya presentaba fisuras, como evidenció La Crónica de Hidalgo.
Identifica PF a seis grupos que ordeñan ductos de Pemex
De acuerdo con La Jornada, “Los Bárcenas” se han apoderado de 10 kilómetros del oleoducto y se dedican a la sustracción, resguardo, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos. Con sus perforaciones han afectado el ducto de Tuxpan-Tula y Tula-Salamanca.
Carlos Bárcenas, El Pelón, tiene un chofer de confianza apodado El Pirlo; un grupo armado de vigilancia, una célula identificada como Los Caguamos y otra como Los Pipas; además, en su estructura se encuentra su hijo Carlos Bárcenas.
Se identifica a Tomás Barrera como operador y distribuidor; Yesenia Barrera se encarga de almacenar y distribuir el hidrocarburo; Miguel Cisneros, es jefe distribuidor, y otras seis personas trabajan de distribuidoras.
Bajo las órdenes del alcalde está su operador Humberto García, El Pájaro o El Cuervo; Brandon García, El Kilo, quien funge de distribuidor, y Pio Lugo, quien almacena el combustible robado.
El documento señala que policías ministeriales les brindan protección. También se incluye a Julio Armando Castro, trabajador de Pemex, quien cuenta con seis personas para la distribución.
El mapa del huachicoleo
De acuerdo con la Revista Proceso, dos grandes cárteles de la droga, además de funcionarios públicos (presidentes municipales) por conducto de nueve grupos delictivos formados exprofeso, controlan 60% del robo de combustible en cuatro estados "prioritarios’ del país Hidalgo, Puebla, Guanajuato y Estado de México, lo cual les deja ganancias diarias calculadas en 47 mil millones de pesos.
El producto más robado es la gasolina regular o Magna (45%), ordeñada en los sistemas Minatitlán-México y Madero-Cadereyta; mientras que en los dos sistemas Tula-Salamanca el producto más robado es el diésel. El 60% del robo de combustible en el país se concentra en Hidalgo (23%), Puebla (13%), Guanajuato (12.5%) y el Estado de México (11.5%).
En Hidalgo operan cinco grupos: la banda de El Talachas, Saúl Hernández Martínez, con influencia en Tula y Tepatitlán, se apodera diariamente de 7 mil 800 barriles con un costo de 20 mil 200 millones.
El hombre de confianza de Hernández es César Serrano Negrete, quien tiene bajo su mando a Misael Mendoza Villeda, a los hermanos Adán y Tomás García Montiel; Miguel y Héctor García Lugo; Jorge, Aldo y Mario Hernández Martínez; Antonio y Cruz Alonso, además de un hombre apodado ‘‘El Zapatán’’. También integra esta célula delictiva el delegado de la colonia San Francisco Bojay.
El Talachas opera en Ejido de Teocalco, en Benito Juárez; Santa Ana Ahuehuepan y San Francisco Bojay, municipio de Tula de Allende. Se dedica a la sustracción, resguardo, transporte, almacenamiento, distribución, posesión, suministro y ocultamiento de hidrocarburo y petrolíferos.
A él, Pemex y la PF lo ubican en calle Pino Suárez, colonia Benito Juárez, Santa Ana Ahuehuepan, en Tula de Allende. Ahí mismo, sólo que en la calle Constituyente, se ubica el presunto domicilio de Heladio e Ignacio Quiroz, sus cómplices. Posee el negocio Talachas Aldín, ubicado en la carretera estatal Francisco I Madero sin número.
Los sistemas que afecta este grupo son Tuxpan-Tula, Tula-Salamanca y Tuxpan-Azcaptozalco. Las autoridades abrieron la carpeta de investigación FED/HGO/TULA/0000832/2017. El 21 de marzo del año pasado se presentó ampliación de denuncia.
En Hidalgo también operaba Héctor Baltazar Osorio Delgado, ‘‘La Parka’’, cuya actividad se extendía a la Ciudad de México. Afectó los ductos de Pemex con la ordeña de 5 mil 800 barriles al día, con un coso de 15 mil millones de pesos.
El documento al que se tuvo acceso, liga al alcalde de Tepetitlán, Hidalgo, Rodrigo Castillo Martínez, directamente con la organización de Bárcenas. De acuerdo con la estructura delictiva, ambos se ubican en la misma jerarquía.
Dicha organización opera en los poblados Sayula, San Mateo la Curva, Pedro María Anaya, San Pedro Nextlalpan, Encinillas, Las Antenas y La Loma, en el municipio que gobierna el alcalde panista.
Autoridades estatales “renunciaron” funcionarios debido a reportajes
Antes de que la Fiscalía General de la República (FGR) y el propio Ejército procedieran en contra de 3 altos mandos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), presuntamente por proteger huachicoleros, según investigaciones de la Revista Proceso y del Diario Reforma, dos subprocuradores y un director de la misma renunciaron una semana después de que fueran dados a conocer los reportajes.
Así, las acciones nomtardaron en hacerse esperar por el aparato estatal mientras en el caso del alcalde, el panismo salió en su defensa.
Los subprocuradores Mario Rico Moreno de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad -hermano de Benjamín Rico Moreno- y Julio Trujillo Meneses, de Procedimientos Penales zona Poniente, lo mismo que el titular del Centro de Justicia Restaurativa, Eduardo Cabrera, presentaron sus respectivas renuncias al Procurador General de Justicia Raúl Arroyo González, este fin de semana mismas que fueron aceptadas.
El primer comandante de la Policía Investigadora Arturo Cruz Rosales, fue separado del cargo. Las renuncias forman parte de un proceso de reestructuración que inició Arroyo González.
Los huachicoleros tienen una red de piperos, bodegueros para acopiar combustible, franquiciantes y puntos de venta en todo el estado que, hasta enero, ocupaba el primer lugar en tomas clandestinas.
En esa red, sus principales compradores son grúas, camiones de las centrales de abasto, flotas de transporte público de carga y hasta de reparto de mercancías, de acuerdo con los mandos de la 18 Zona Militar, con sede en Pachuca.
Además, una parte de los recursos ilícitos obtenidos por el robo de combustible a Pemex se entrega a los comandantes de la Policía Investigadora como soborno por su omisión, según se indicó.
Los pagos llegan directo a un alto jefe de la Policía Investigadora, quien a su vez da parte del dinero a sus mandos e incluso a un subprocurador, según la indagatoria.
La investigación detectó incluso que, una vez recibida la ganancia del combustible robado, los funcionarios de la Procuraduría de Hidalgo y los huachicoleros la invierten en la compra de terrenos para construir casas y venderlas.
Asimismo, adquieren lotes de autos para ofrecerlos a precios módicos y lavar el dinero ilícito.
Diversos funcionarios de la Procuraduría de Hidalgo poseen empresas ligadas a la construcción, principalmente operadas por familiares y testaferros, según esas pesquisas.
CON INFORMACIÓN DE PROCESO, LA JORNADA, REFORMA, EL UNIVERSAL Y CRÓNICA