En un esfuerzo reciente por abordar las problemáticas históricas y actuales de los pueblos indígenas y afromexicanos, el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 13 de septiembre de 2024 un decreto para crear el Reglamento del Mecanismo para la Implementación y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas. A primera vista, este decreto parece un paso importante hacia la creación de un espacio de decisión y coordinación interinstitucional que reconoce y protege los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Sin embargo, una mirada crítica revela interrogantes sobre su efectividad real.
El decreto establece un mecanismo encargado de formular, coordinar y supervisar las políticas públicas que promuevan el desarrollo integral, intercultural y sostenible de estos grupos. Se le otorga la capacidad de coordinar acciones entre diversas entidades federales y promover convenios con gobiernos locales. Aunque se enuncia un enfoque transversal e inclusivo, el reto está en que estos compromisos no queden en el papel, como ha sucedido con políticas similares.
Un aspecto destacable es la creación de un consejo directivo conformado por representantes de los pueblos indígenas, lo cual sugiere un intento de incluir voces auténticas en las decisiones. Sin embargo, el mecanismo sigue dependiendo de la coordinación federal, y muchos de sus puntos clave —como la financiación, los estudios de investigación y los planes anuales de trabajo— están subordinados a entidades gubernamentales, lo que podría diluir la autonomía y el control real de los pueblos indígenas sobre su propio destino.
Otra crítica pertinente es la ya conocida falta de ejecución en políticas anteriores. A lo largo de la historia reciente, México ha proclamado numerosas leyes y reglamentos que, si bien suenan bien intencionados, no han logrado materializarse en acciones contundentes para mejorar las condiciones de vida y proteger los derechos de las comunidades originarias. Este nuevo mecanismo, por tanto, enfrenta el desafío de no caer en la misma trampa de burocratización y desarticulación entre el discurso político y la realidad en las comunidades indígenas.
Además, la falta de asignación de nuevos recursos específicos para este proyecto —tal como lo estipulan los artículos transitorios del decreto— genera dudas sobre la viabilidad del mismo. Sin un financiamiento dedicado, dependerá de los fondos ya etiquetados, lo que inevitablemente limita su alcance y pone en riesgo la ejecución de las acciones necesarias.
En resumen, aunque el decreto parece un avance hacia la institucionalización de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, su implementación dependerá en gran medida de la voluntad política y la correcta asignación de recursos. Los pueblos indígenas, a lo largo de la historia, han sido relegados a promesas incumplidas. Este nuevo intento podría ser otra promesa vacía o, si se concreta de manera adecuada, un verdadero avance hacia su autodeterminación. Solo el tiempo, y sobre todo la acción, lo dirán.