Las Organizaciones que conformamos el Frente por la Libertad de Expresión, así como IMDEC, hacemos un llamado a las autoridades en Jalisco, para que respeten y garanticen la protesta social, como un ejercicio legítimo de derechos y de expresión del descontento social.
A raíz de la protesta que tuvo lugar el día de hoy 4 de junio en Guadalajara Jalisco reiteramos que la Policía debe abstenerse de realizar detenciones arbitrarias, disolver la manifestación en su conjunto, encapsular a personas, y abstenerse de hacer un uso arbitrario de la fuerza, la cual debe ser siempre el último recurso y aplicarse bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y estricta necesidad. Además deben sujetarse a Protocolos de actuación adecuados, y contar con controles para limitar abusos.
Observamos con preocupación que la respuesta de las autoridades lejos de entender y atender el legítimo descontento social, ha sido hacer uso de armas ’menos letales’, realizado detenciones arbitrarias y encapsulamientos. De acuerdo con lo documentado por la organización de la sociedad civil CEPAD los elementos de seguridad presentes en las manifestaciones hicieron uso de gas lacrimógeno y utilizaron palos y piedras en contra de personas manifestantes y transeúntes, además se observó la presencia de camionetas no rotuladas de autoridades. Aunado a esto ha circulado en medios información que a un policía le fue robada el arma durante la manifestación, exigimos que eso se investigue, pues de ser así, la policía estaría llevando armas letales a una manifestación.
Dentro de las malas prácticas policíacas, ARTICLE 19 documentó cuatro agresiones contra periodistas, dos de las cuales fueron perpetradas por integrantes de la policía estatal, causando lesiones y daños en materiales de equipo.
Los gobiernos municipales y estatales de Jalisco, tienen antecedentes conocidos por las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de las personas que ejercen la libertad de expresión y la libre manifestación, sin que existan consecuencias para quienes coartan esos derechos fundamentales. Además, se debe garantizar la seguridad no solo de quienes se manifiestan sino de quienes cubren las protestas.
Por ello preocupa que se mantengan dichos patrones de abuso de la fuerza, represión y violaciones a derechos humanos, evidenciado la poca apertura a atender la demanda de justicia por la que se ha movilizado el estado y otras regiones del país, a raíz del conocimiento que se tuvo del lamentable fallecimiento de Giovanni López Ramírez después de ser detenido y presumiblemente torturado en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, estado de Jalisco, cuando se encontraba bajo custodia de elementos de la policía municipal de dicha localidad el pasado el 5 de mayo de 2020.
Reiteramos que la protesta es una de las formas históricas de expresión del descontento y de exigencia que han permitido abrir causes democráticos, por lo que las autoridades deben partir de un enfoque de protección a derechos y abstenerse de hacer un uso desproporcional de la fuerza. Todo caso de abuso, detención arbitraria y agresión debe ser plenamente investigado y sancionado.
Cabe señalar, ante la documentación de actos violentos aislados durante las protestas, lamentamos su ocurrencia y las afectaciones que conllevan para la dignidad de todas las personas; al mismo tiempo, enfatizamos que los mismos no empañan la legitimidad de la protesta, ni justifican actos arbitrarios y abusos, mucho menos disminuyen la urgencia y relevancia de la exigencia de justicia que la movilización ha lanzado al poder público por la muerte bajo custodia de Giovanni López.
Por último, retomamos la exigencia hecha por la familia de Giovanni, las organizaciones en de la sociedad civil tanto de Jalisco, como del país, e incluso de las Naciones Unidas que exige se lleva a cabo una investigación diligente de todos los funcionarios e instituciones responsables de la custodia de Giovanni López Ramírez desde su detención y hasta su fallecimiento, de acuerdo a los Protocolos en la materia y asegurando la independencia en la investigación.
FIRMAMOS:
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
Frente por la Libertad de Expresión y la protesta Social
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Centro de Derechos Humanos ’Fray Francisco de Vitoria OP’, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C.
Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos
Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C.
Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C.
Bloque Nacional de Periodistas y Editores A C
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.
Red de Organismos Civiles ’Todos los Derechos para Todas y Todos, A.C.
Resonar.