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Layda y el abuso del poder

Layda y el abuso del poder


Gobierno
Enero 09, 2026 13:40 hrs.
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Mario Ángel Díaz / › Divergencias Informativa

-El 2025 será tristemente recordado por el gremio periodístico de Campeche

-La gobernadora utilizó todo su poder político para acallar la prensa crítica

-Peligroso precedente que atenta las libertades de prensa y expresión

H. Matamoros, Tamaulipas.-El año que concluyó seguramente será recordado por el gremio periodístico por la afrenta directa al ejercicio de esta profesión que ejerció la gobernadora del estado de Campeche, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN.

Justo en el primer mes del año en curso, la mandataria campechana interpuso una serie de denuncias ante la Fiscalía General del Estado en contra del ex director del periódico Tribuna de Campeche, JORGE LUIS GONZÁLEZ VALDEZ.

Utilizando el aparato gubernamental con la complicidad de la fiscalía estatal, SANSORES SAN ROMÁN acusó a GONZÁLEZ VALDEZ calumnias, difamación, discurso de odio e incitación al odio y a la violencia y, para rematar, de violencia política en razón de género ante las instancias electorales.

La piel sensible-políticamente hablando-de la gobernadora de Campeche originó la represión al periodista y el atentado directo a las libertades de prensa y expresión en complicidad con la fiscalía estatal y el Poder Judicial de esa entidad federativa, en un afán de inhibir las críticas a su gobierno en los medios de comunicación.

El año 2025 también será amargamente recordado por el gremio periodístico campechano y del resto del país por la desaparición de la versión digital de la Tribuna de Campeche a partir del 13 de junio del año en curso, derivado de un resolutivo judicial que consideró que existieron difamaciones en contra de la mandataria estatal de la Cuarta Transformación.

Pero, como es del dominio público…eso no fue todo.

El aparato judicial del estado de Campeche dictó medidas cautelares equiparadas a la censura previa que violentan las garantías que otorga la Constitución Política de México y tratados internacionales en materia de derechos humanos.

El resolutivo judicial contempla que los trabajos informativos del periodista JORGE LUIS GONZÁLEZ VALDEZ sean permanentemente supervisados por la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Asimismo, le ordena que se abstenga de emitir cualquier tipo de opinión que involucre a la gobernadora LAYDA SANSORES.

Es tal el poder político de la controvertida gobernante en el sureste mexicano que logró que el área de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia revise todas las notas de GONZÁLEZ VALDEZ, quien, obligatoriamente, habrá de enviar a esa dependencia del Poder Judicial del estado de Campeche.

Además, como si se tratara del ’tiro de gracia’, la juez penal GUADALUPE MARTÍNEZ TABOADA, durante audiencias judiciales advirtió tajantemente al periodista que se abstuviera de hablar o externar argumentos de defensa, toda vez que sus dichos podrían ser utilizados en su contra.

Lógicamente, diversas organizaciones gremiales y asociaciones civiles han externado su preocupación por el riesgo que representa a la libertad de prensa y expresión el precedente que se está originando en esa entidad como consecuencia de la crítica gubernamental.

Alianza de Medios MX, por ejemplo, considera que ’este tipo de medidas extremas para acallar la crítica hacia la gobernante de Campeche, prácticamente reproducen esquemas de censura previamente declarados inconstitucionales por los tribunales federales y van por encima de los acuerdos internacionales de libertad de prensa’.

El conflicto gobierno-prensa se agrava ante el control total de la gobernadora SANSORES SAN ROMÁN de la Fiscalía Estatal, teóricamente autónoma, y del Poder Judicial del estado de Campeche, dando como resultado que jueces y agentes del ministerio público se sometan a la voluntad de la titular del Poder Ejecutivo.

Ante el verdadero atentado al libre ejercicio del periodismo en el estado de Campeche y que sienta un precedente para el resto del país, el gremio periodístico debería alzar la voz y exigir que el sistema judicial no sea utilizado como instrumento de presión para silenciar a la prensa crítica.

DESDE EL BALCÓN:

I.-Al margen de la grave situación que dio como resultado la desaparición de la versión digital de Tribuna de Campeche, la fecha de fundación de ese diario inicialmente impreso fue en 1975, mismo año-junio, para ser exactos-que se imprimió la primera edición de El Diario de Matamoros que dirige quien abajo suscribe al calce.


II.-Fe de erratas: Por error involuntario se generó una confusión en el pasado artículo ’La Ley Aglaeth’. La abogada penalista AGLAETH GONZÁLEZ CRUZ es quien impulsa la iniciativa ante la pifia jurídica de la juez MÓNICA ILIANA PÉREZ.

Como dice el dicho y dice bien, ’aclarando y amanece’.

Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx

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