La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) da a manos llenas, teniendo a cinco altos funcionarios que ganan más que el presidente de México, gastando más de 8 millones de pesos en comidas, reuniones y 537 viajes de su presidente González Pérez y los siete visitadores generales, 82 de ellos al extranjero. Otros gastos onerosos que no pasan del desapercibidos del organismo son: prima y ayuda quincenal para despensa, estímulo por productividad, prima vacacional semestral, aguinaldo, y apoyo anual para el desarrollo personal y cultural.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) gastó más de 8 millones de pesos en comidas, reuniones y 537 viajes (82 de ellos al extranjero) realizados por el presidente del organismo autónomo, Luis Raúl González Pérez, y los siete visitadores generales, entre enero de 2015 y junio de 2019.
De ese monto, 6 millones 99 mil 231 pesos correspondieron a los pagos por concepto de viáticos y gastos de representación de los seis visitadores generales –Ismael Eslava Pérez, Enrique Manuel Guadarrama López, Ruth Leticia Villanueva Castilleja, María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Édgar Corzo Sosa y Jorge Ulises Carmona Tinoco– y el visitador especial –José Trinidad Larrieta Carrasco– para el caso Ayotzinapa.
El resto, 2 millones 94 mil 895 pesos, correspondieron al gasto del aún presidente del organismo por esos mismos rubros. Estos montos suman un total de 8 millones 194 mil 126 pesos, revela información obtenida por Contralínea mediante la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La CNDH es un organismo que desde 1990 se encarga de proteger, observar, promocionar, estudiar y divulgar los derechos humanos que garantiza el orden jurídico nacional. Entre sus principales funciones se encuentran las de recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos e investigarlas, especialmente, las que implican abusos cometidos por algún agente del Estado.
Además, esta entidad cuenta con autonomía presupuestaria y de gestión, es decir que puede solicitar su presupuesto -que debe aprobar la Cámara de Diputados- y ejercerlo de acuerdo con sus propias decisiones, como lo señala el apartado B del Artículo 102 de la Constitución mexicana.
Es así que en la administración de Luis Raúl González, que acabará el próximo 15 de noviembre, la CNDH decidió pagar 7 millones 188 mil 504 pesos en viáticos de los ocho servidores públicos, esto es el dinero que se otorga durante un viaje con el fin de que el beneficiado cuente con los medios necesarios para subsistir en el lapso que éste dura; y 1 millón 5 mil 622 pesos por gastos de representación, en otras palabras, por representar a dicha entidad pública ante otras instituciones, nacionales o extranjeras, con el objetivo de mejorar su imagen.
Con esa cifra se cubrieron 455 viajes a 27 estados de la República y 82 al extranjero. Entre los países más visitados se encuentran: Guatemala, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Estados Unidos, España, Alemania, Albania, Marruecos, Suiza y Japón.
De acuerdo con los datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, individualmente los viajes al interior del país oscilaron entre los 125 pesos y los 15 mil, mientras que los internacionales llegaron a costar hasta 134 mil pesos. Aunado a esto, las comidas y reuniones de trabajo variaron de entre los 225 y hasta 11 mil pesos.
Cruz Silva del Carpio, coordinadora del área Estado Democrático de Derecho de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), explica a Contralínea la importancia de que ’el titular y las personas integrantes de la CNDH sean conscientes del escenario de violencia que se vive en el país, pues [el presupuesto] tendrían que destinarlo a las áreas de prioridad’, por lo que, señala, es indispensable que se haga un sinceramiento de lo que realmente necesitan los funcionarios.
La también abogada asegura que la Comisión, al ser la institución encargada de velar por los derechos humanos, tendría que ser la promotora de la realización de saneamientos en sueldos y demás gastos que no sean acordes con lo que necesitan los trabajadores, ya que ’las víctimas y las poblaciones vulnerables requieren de esa atención presupuestal’ y, sin embargo, ’hasta que las familias le han pedido insistentemente [ayuda], la Comisión ha respondido. Por eso no ha tenido buenos resultados’.
La principal división de la Defensoría la constituyen seis visitadurías y una oficina especial, instrumentada en diciembre de 2014, dedicada exclusivamente a la investigación del caso Ayotzinapa. Por su parte, cada visitaduría se encarga de tratar diferentes temas relacionados con violaciones y/o protección a derechos humanos.