El Secretario de la Contraloría (Secogem), Javier Vargas Zempoaltecatl, aseguró que la contratación pública dejó de ser un mero trámite o procedimiento administrativo y se ha convertido en pilar para un buen gobierno, ya que como política pública coadyuva en la consecución de otros fines e incluso, puede incidir en la confianza de la ciudadanía hacia las autoridades.
Al participar en la presentación del libro ’Las adquisiciones en el Estado Mexicano’, subrayó que por primera vez en la historia, nuestro país está en condiciones de contar con un sistema de contrataciones públicas articulado a nivel nacional, gracias al marco jurídico que da sustento al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), mismo que incorporó la prevención de faltas administrativas y de hechos de corrupción relacionados con la contratación de bienes, servicios y obras públicas por parte del Estado.
Respectivamente, el Secretario Javier Vargas Zempoaltecatl colaboró en el citado libro con el estudio ’La contratación pública como herramienta estratégica para un buen gobierno’ y la edición de la obra estuvo a cargo del Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM), presidido por Mauricio Valdés Rodríguez, y fue coordinado por Carlos Matute González.
En ese sentido, Vargas Zempoaltecatl mencionó la reforma legal que permitió una política general de contrataciones públicas, a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como el diseño de la Plataforma Digital Nacional, que concentrará información de por lo menos seis sistemas, entre ellos, el de información pública de contrataciones y el de servidores públicos que intervienen en los procedimientos de contrataciones públicas.
En el caso del Estado de México, informó que, con el nuevo reglamento interior de la dependencia a su cargo, expedido por el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza en noviembre pasado, se creó la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas, adscrita a la Secogem, a fin de reforzar la transparencia y la legalidad en este rubro.
Además, recordó la reciente suscripción de un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), encaminado a identificar de qué manera se mejora el sistema estatal en materia de contrataciones públicas, a partir de la comparación con las mejores prácticas a nivel internacional y de la integración de un grupo de trabajo que incluirá la participación de diferentes dependencias y organizaciones de la sociedad civil.