Habrá una visión social y justa a la impartición de justicia. Con este nuevo orden de mediación se pone al ciudadano en el centro de atención
’Uno de los mayores retos en materia de seguridad pública, ha sido sin lugar a dudas el acceso a la justicia de todos los mexiquenses…por ello la Justicia Cívica juega un papel clave en la preservación del orden y la tranquilidad en la sociedad’, aseguró la diputada Azucena Cisneros Coss, en el marco de la Promulgación de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios, evento encabezado por la Gobernadora, Delfina Gómez Álvarez.
Durante el evento protocolario realizado en el Palacio de Gobierno, donde se dieron cita el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, magistrado Ricardo Sodi Cuellar, José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Myrna Araceli García Morón y el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, la Gobernadora del Estado de México, subrayó que la Ley de Justicia Cívica se aleja de las practicas tradicionales que permitían la corrupción y los abusos, y adopta un enfoque más humano y carcano a la gente.
Y anunció que los Juzgados Cívicos se crearán en todos los municipios, eliminando las Oficialias Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras de los Ayuntamientos, según lo previsto hasta ahora en la Ley Organica Municipal.
Mientras que, la también presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, Azucena Cisneros, quien promovió junto con la diputada Karla Aguilar Talavera la Ley de Justicia Cívica, señaló que dicha norma representa un avance en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
’Con la entrada en vigor de la Ley de Justicia Cívica, se busca dar una visión más social y justa a la impartición de justicia, pues, reconoce el derecho al debido proceso de las personas, privilegia el diálogo de las partes involucradas y busca la mejor solución a los problemas mediante mecanismos alternativos de solución.
Al homologar la calificación y sanción de las infracciones administrativas, se pone fin a discrecionalidad con la que se imponen e infraccionan conductas de manera arbitraria e injustificada, violando los derechos de la ciudadanía e incluso los usos y costumbres de los pueblos indígenas o los derechos de los pueblos originarios’, precisó.
La legisladora, enfatizó que, con este nuevo orden de mediación, se privilegia el diálogo ante la coacción y pone al ciudadano en el centro de atención, con el objetivo de mejorar la convivencia en la comunidad y fortalecer la vida democrática que requiere del compromiso de la ciudadanía y las autoridades.
Al mismo tiempo, destacó el compromiso de las y los Presidentes Municipales, quienes, dentro del ámbito de sus respectivas funciones y atribuciones, deberán instruir, facilitar y coordinar las acciones necesarias para implementar el nuevo Sistema de Justicia Cívica.
Y reconoció el interés de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en impulsar herramientas jurídicas que ayuden a la Cultura de la Paz y del bienestar entre los ciudadanos.
Por último, Azucena Cisneros consideró que con la presente ley se garantizará una justicia más efectiva y eficiente pero también expedita para todos, ’contribuyendo con ello a la generación y preservación del orden público y la paz social de nuestro estado’.
Hay que recordar que la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios tiene por objeto: Establecer reglas mínimas de comportamiento cívico que permitan garantizar el respeto a las personas y sus bienes, mejorar la convivencia social y mantener el orden público.
Además de establecer la clasificación básica de las conductas que constituyan infracciones administrativas, las sanciones correspondientes y los procedimientos para su imposición, así como para regular el marco de actuación de las personas servidoras públicas responsables de la aplicación de la presente Ley y la impartición de la Justicia Cívica municipal.
Y fomentar en los municipios la implementación y substanciación de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de Justicia Cívica.